Como parte de la investigación que se sigue por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Corte Suprema de Justicia citó para el próximo 25 de junio al exdirector de la entidad Olmedo López, y para el 5 de julio, al exsubdirector Sneyder Pinilla, testigo clave en el proceso.

Mientras Olmedo asistirá a la Sala de Instrucción, para que declare en el proceso a cargo del magistrado Héctor Alarcón, contra el representante a la Cámara, Wadith Manzur (Partido Conservador).

Lo anterior, luego de las declaraciones que López entregó a varios medios de comunicación, en los que mencionó al ministro del Interior Luis Fernando Velasco y a Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, de haberse beneficiado del desvío de los millonarios recursos que se manejaban en la UNGRD.

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“El tema de los carrotanques toca a varios aforados. El presidente de la Comisión de Acusaciones, Wadith Manzur, es uno de los beneficiados de este proceso. Para cometer estos hechos se necesitan dos partes no solo una. El que entrega, el que recibe, el que da las órdenes. Cuando hablo de que nos equivocamos va más allá de la compra de los carrotanques, sino el hecho fundamental y es que este tema lamentable para el país del que tenemos que arrepentirnos tiene que ver con unos hechos que en Colombia ojalá no se vuelvan a repetir”, dijo López en entrevista con la revista Semana.

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Vale recordar que Olmedo y Pinilla esperan una respuesta de la Fiscalía con respecto al principio de oportunidad que está en negociación actualmente, lo que explica su silencio en la primera diligencia.

Para el caso de Pinilla, el exfuncionario deberá entregar su testimonio sobre los señalamientos que en su momento hizo contra el presidente del Senado, Iván Name (Alianza Verde); y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle (Partido Liberal), que también están siendo investigados.

Según el exsubdirector de la UNGRD, Name y Calle habrían recibido la suma de 4.000 millones de pesos que, habrían salido del contrato de los carrotanques para suministrar agua potable en las zonas más vulnerables del departamento de La Guajira, a cambio de que supuestamente apoyaran las reformas que iba a tramitar el Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso de la República, según contó a la revista Semana.